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En última instancia, siempre y cuando sea legal, depende del estado determinar lo que compete a los intereses nacionales y decide cómo debe desplegarse su fuerza militar y en qué tipo de misión.
Todos los estados tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos básicos para todos, incluyendo a quienes no sean sus ciudadanos. De ser necesario, las fuerzas militares deben emplearse para respetar estos derechos. Los estados deben asumir cierta responsabilidad si no logran respetar los derechos humanos para todos.
James Pattison, ‘Whose Responsibility to Protect? The Duties of Humanitarian Intervention’, Journal of Military Ethics, 7 (2008), p262.
